Dos activistas digitales, expulsados de la OMC, hablan sobre privacidad, comercio electrónico y el perfilamiento vía redes sociales del gobierno que los vetó por “violentos y disruptivos".
La Undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio que se está llevando a cabo en Buenos Aires comenzó el domingo en medio de todo tipo de polémicas. Al tiempo que se discuten las reglas del comercio mundial –donde la mayor influencia la tienen las grandes corporaciones–, muchas de las organizaciones de la sociedad civil inscriptas en la conferencia recibieron un rechazo masivo, inédito y arbitrario, y el tema generó repercusiones en todo el mundo. El gobierno argentino le retiró la acreditación para el encuentro a 64 asistentes (entre activistas y periodistas) de 18 ONG. Pese a los reclamos de la OMC, la restricción se sostuvo, acompañada de un pedido de no ingresar al país: algunos devolvieron los pasajes y no pudieron asistir tampoco a los eventos paralelos, a otros les negaron la visa y a los que la necesitaban los demoraron en Ezeiza. Eso además de las conocidas deportaciones de Sally Burch y Petter Titland